Zannini ordenó que le devuelvan la pensión vitalicia de vicepresidente a Amado Boudou

El procurador general del Tesoro, el cordobés Carlos Zannini, dictaminó a favor de revocar una decisión administrativa que prohibió al exvicepresidente Amado Boudou cobrar una pensión vitalicia por su desempeño como vicepresidente.

Boudou fue condenado a cinco años de prisión en el caso Ciccone.

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En una resolución de 26 páginas fechada el 27 de abril pasado, Zannini opinó que las resoluciones de la Oficina Anticorrupción y la Anses “son nulas de nulidad absoluta”.

Así, el abogado de Boudou podrá presentar -si ya no lo hizo- ante la Anses y la Justicia para reclamar una pensión equivalente a las dos terceras partes del sueldo de un juez de la Corte Suprema, es decir unos 400 mil pesos, más los pagos atrasados durante los últimos cuatro años, publicó Clarín.

Para la administración de Mauricio Macri un condenado por perjudicar al Estado, como en otros países del mundo, no puedo cobrar una pensión del Estado. En cambio, para Zannini la ley dice que solo no puede cobrar si el vicepresidente fue removido por un juicio político del Congreso. Boudou está excarcelado por un polémico fallo relacionado con el coronavirus.

“El juicio político constituye un proceso constitucional específico, que se tramita con intervención de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y se rige por las previsiones de los artículos 53, 59 y 60 de la Carta Magna”, agregó al interpretar esa ley.

La resolución que denegó la pensión

Fue en agosto del año pasado cuando Boudou fue condenado por un tribunal oral a 5 años y medio de prisión. La pena fue solicitada en el marco de la causa que lo acusaba de negociaciones ilícitas en plena función pública y de cohecho.

Además de cárcel, se le dictó una multa de $ 90 mil y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. En ese momento se le informó a la Anses que no pague la pensión vitalicia a causa de lo delitos “contra la administración durante su ejercicio en el cargo». Actualmente el imputado está en prisión domiciliaria considerado paciente de riesgo por coronavirus.

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