Violación en manada: quiénes son “los hijos del poder” imputados en Chubut

Un dictamen en el que se consideró «un desahogo sexual» la violación en manada que sufrió una adolescente en 2012 en Chubut generó un amplio repudio social y el Gobierno nacional instó este jueves a investigar al fiscal Rivarola que interviene en el caso. 

  • Violación «en manada» en Chubut: para el fiscal fue un «desahogo sexual»

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó este jueves que «hablar de ‘desahogo sexual’ es revictimizar, naturalizar el machismo, convalidar el mandato de las masculinidades dominantes».

«Esas desigualdades y discursividades incrementan la violencia y promueven los femicidios. Repudiamos la violencia sexual y sus formas de legitimación», sostuvo la funcionaria en su cuenta de la red social Twitter.

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, urgió en tanto a que «se investigue a fondo el accionar del fiscal» de Chubut Fernando Rivarola, quien accedió a realizar un juicio abreviado a cinco acusados de violación de una adolescente en esa provincia y habló de «desahogo sexual» en su dictamen.

«No toleramos más que se le dé la espalda a las víctimas. Es necesaria una reforma de la Justicia y que se investigue a fondo el accionar del fiscal en esta causa», afirmó De Pedro en Twitter.

Quiénes son los hijos del poder acusados

La Justicia investiga a cinco jóvenes por la violación que sufrió en 2012 una joven, entonces de 16 años, durante una fiesta en una casa de la localidad chubutense de Playa Unión, en la costa atlántica.

La causa había sido catalogada primero como «abuso con acceso carnal» pero luego el fiscal propuso realizar un juicio abreviado, bajó su calificación a «abuso sexual simple» y consideró que se trató de un «accionar doloso de desahogo sexual» por parte de los imputados, al tiempo que señaló que la joven estaba en estado de semiinconsciencia mientras se produjo la agresión sexual.

Con esta nueva calificación, ninguno de los acusados podría ser enviado a la cárcel porque este delito prevé penas menores a tres años, por lo que sería prisión en suspenso.

Los jóvenes acusados pertenecen a familias influyentes de Chubut. Dos de los cinco autores del abuso no residen en esa provincia. Uno vive en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia y el otro está radicado en Estados Unidos, país que le negó la visa para regresar después que llegara a la Argentina para presentarse ante la Justicia.

Luciano Mallemaci tiene 26 años. Su padre es dueño de una de las inmobiliarias más importantes de Puerto Madryn. De acuerdo a sus registros, su último empleo en blanco fue en una empresa que se dedica a elaborar pretensados de hormigón. 

Marcelo Ezequiel Quintana, actualmente de 30 años y con domicilio en Caleta Olivia, Santa Cruz, es abogado. Integra junto a miembros de su familia la firma Andequin Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la construcción. 

Leandro del Villar, de 29 años, es jugador de squash y corredor de karting. Tiene una empresa dedicada al transporte de pasajeros. Su abuelo -fallecido en un accidente- fue senador nacional.  Tanto Mallemaci, Quintana y Del Villa reconocieron el hecho.

T.S. fue sobreseído. Era menor al momento del hecho. Vive en Miami, donde maneja la compañía Patagonian Sea. 

La denunciante  lo acusó de haber sostenido la puerta para que nadie ingresara al cuarto. Su familia está vinculada a los negocios de la pesca, las algas y el turismo. Su abuelo fue fundador de una importante empresa de Gaiman dedicada a obtener y procesar el alga agar-agar, el producto clave para la elaboración del dulce de batata.

R.V. también fue sobreseído. Era menor al momento del hecho. Su familia está vinculada a la política y al mundo empresario. Su abuelo fue gobernador de Chubut y diputado nacional -también ya fallecido-. 

El joven vive en Buenos Aires y estaba ligado al mundo de los medios de comunicación. Es productor y cuando ocurrió el hecho trabajaba en un canal de aire de la Capital Federal.

Por último J.P., que si bien fue señalado por la víctima, nunca fue imputado. Estaba en la habitación junto a otra persona pero no tuvo intervención. 

Su familia está vinculada a múltiples negocios de construcción y turismo. Su hermano fue electo como intendente de Gastre, una comuna rural del norte de Chubut que tomó notoriedad en la década del 90´ porque querían instalar allí un repositorio nuclear. Movilizaciones y reclamos de ambientalistas lo impidieron.

Qué dijo el Ministerio Público Fiscal

Ante la polémica que generó la difusión del dictamen, que coincidió además con la conmemoración del quinto aniversario de la primera marcha «Ni Una Menos» en contra de la violencia machista en la Argentina, el Ministerio Público Fiscal de Chubut emitió un comunicado en el que afirmó que los términos «fueron sacados de contexto» y que «trabaja para proteger a las víctimas y lograr la sanción penal de los agresores».

Al explicar el uso de los términos «desahogo sexual doloso», el Ministerio Público Fiscal sostuvo que «en palabras simples, el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer un ataque sexual, que se trata de un delito y consciente de ello avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta, eso es dolo».

Repudio

El gobernador de la patagónica provincia de Chubut, Mariano Arcioni, expresó su «repudio absoluto» a las declaraciones del fiscal Rivarola.

«Son aberrantes sus expresiones, en una sociedad que queremos sea más justa. Estamos analizando los planteos correspondientes para no dejar esta causa impune, por respeto a la víctima y a su familia», sostuvo el gobernador en Twitter, y abrió luego la posibilidad de llevar a juicio al fiscal ante el Consejo de la Magistratura provincial.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad Sexual, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró por su parte que el caso del fiscal Rivarola «habla de la enorme falta de perspectiva de género que tienen los poderes judiciales».

«La falta de perspectiva de género y la revictimización por parte de los poderes judiciales es parte del trabajo que tenemos por delante», subrayó la funcionaria en declaraciones a la radio Futuröck.

Luciano Mallemaci.
Marcelo Ezequiel Quintana (izquierda) y Leandro del Villar (derecha).
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Acusados. Ocurrió en 2012 (La Voz/Archivo).
Luciano Mallemaci.
Marcelo Ezequiel Quintana (izquierda) y Leandro del Villar (derecha).

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