Se ahorrarían hasta $ 370.000 millones si los empleados públicos trabajaran menos

Si se redujera el número de horas trabajadas por el personal no esencial del sector público argentino, con una equivalente disminución en el salario, el ahorro fiscal evitaría buena parte de la emisión monetaria a la que ha estado obligado el Banco Central de la República Argentina para atravesar la pandemia.

Así lo asegura un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), que depende de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El estudio dice, puntualmente, que si los empleados públicos que no están en sectores considerados esenciales (como salud, educación, policías, Fuerzas Armadas y servicios sociales, entre otros) trabajaran hasta un máximo de 30 o de 35 horas por semana, se obtendrían ahorros de entre 210.000 y 370.000 millones de pesos.

Esto equivale, de acuerdo con el IIE, a entre el 44 y el 78 por ciento de la emisión monetaria que el Central realizó desde el comienzo de la cuarentena. Comparativamente, esto representaría un ahorro fiscal del Estado nacional de entre el 0,7 y el 1,3 por ciento del producto interno bruto (PIB). 

Impacto desigual de la pandemia

La investigación del organismo que conforma una de las redes empresariales más importantes de la provincia de Córdoba habla de un «desigual impacto» de la pandemia en el empleo público y el privado, ya que ambos sectores arrastran diferencias previas.

«Por un lado, más de 10 millones de trabajadores informales e independientes tuvieron sustanciales pérdidas de ingresos o de empleos, ante lo cual reciben una ayuda parcial del Estado. Por otro lado, unos seis millones de asalariados registrados del sector privado estarían manteniendo sus empleos, pero en gran magnitud están suspendidos o tuvieron reducciones de sus remuneraciones de más del 25 por ciento», dice el informe.

En contraste, la Bolsa apunta que la delicada situación del empleo privado no tiene su equivalencia en el sector público, donde más de tres millones de trabajadores «conservan sus empleos y, en la mayoría de los casos, no vieron afectadas sus remuneraciones».

El estudio habla de una «inmunidad del empleo público» que se torna «muy costosa ante la pandemia», más aún en un escenario que describe como de fuerte caída en recursos tributarios por la depresión económica y de necesario aumento del gasto público para proteger a los afectados.

La investigación del organismo que preside Manuel Tagle dice que esto «compromete severamente las finanzas públicas» de todos los niveles del Estado.

Emisión récord y oportunidad

La Bolsa explica que, ante la falta de crédito, gran parte de estos desequilibrios financieros en cuarentena se están financiando con emisión monetaria.

Si esto se sostiene en el tiempo, si bien es un instrumento inevitable en las circunstancias actuales, acrecentará las expectativas inflacionarias. Una advertencia que es común entre buena parte de los economistas.

Para la Bolsa, «la pandemia es una oportunidad para avanzar en reformas del sector público que permitan afrontar el problema coyuntural de financiamiento y, al mismo tiempo, corregir los desequilibrios estructurales causados por el excesivo tamaño del Estado y que están en el origen del magro desempeño económico de la Argentina observado por décadas».

En este punto, dice que el gasto salarial representa la tercera parte del gasto público consolidado y equivale a un 11,8 por ciento del PIB. 

El estudio se plantea analizar en qué medida podría reducirse la carga salarial del sector público sin afectar el empleo y con lo que considera «un mínimo costo en el bienestar de los afectados».

Al considerar la composición del empleo estatal a nivel consolidado, a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2019, la investigación dice que solamente cuatro de cada 10 empleados estatales se desempeñan en tareas consideradas esenciales, tales como salud, educación, seguridad, Fuerzas Armadas y servicios sociales.

«El resto de los trabajadores, ocupados en tareas que podrían considerarse no esenciales, absorben el 61 por ciento de la masa salarial del sector público», dice el IIE y agrega: «Al comparar el salario y las horas semanales de este grupo de estatales con empleados de las mismas ocupaciones en el sector privado, se advierten diferencias importantes a favor de los primeros».

La investigación expone que existe una diferencia salarial promedio de más de 43 por ciento en favor del sector público, que se reduce a casi 13 por ciento si se compara con asalariados privados formales. 

Además, dice que dado que los empleados estatales trabajan menos horas, en promedio, que los privados, las diferencias de salario por hora con el sector privado son aún mayores.

 

El «premio» de trabajar en el sector público

El estudio dice que hay un “premio salarial puro” por trabajar en el sector público de al menos un 19 por ciento en relación con el sector privado, es decir, comparando trabajadores de ambos sectores con características similares en términos de edad, sexo, experiencia y educación, entre otras.

Ante el desigual impacto de la pandemia, en la investigación se explica que «es probable que estas diferencias de salarios a favor del sector público se hayan profundizado».

En cuanto a ejemplos de medidas de austeridad y de reasignación de prioridades, la Bolsa de Comercio de Córdoba habla de iniciativas recientes que apuntan en esa dirección, como la reducción a seis horas diarias de la jornada laboral en la Municipalidad de Córdoba, lo que permitiría ahorrar un 10 por ciento de la masa salarial.

También dice que Ecuador anunció un amplio paquete de ordenamiento fiscal que reduce la jornada en dos horas, con ahorros equivalentes al 0,9 por ciento del PIB.

Asimismo, ejemplifica casos similares en Uruguay y en Paraguay, donde se anunciaron recortes salariales de entre el 10 y el 20 por ciento a partir de cierto nivel de ingresos para ocupaciones específicas.

Como está dicho, según la Bolsa, una medida similar aplicada al caso argentino permitiría obtener importantes reducciones del gasto estatal que, en el mejor de los casos, representaría un ahorro fiscal del 1,3 por ciento del PIB.

Racionalizar el gasto

«Cabe resaltar que, aun con el ajuste de salarios resultante de la reducción de jornada no se alcanzaría a eliminar el ‘premio salarial puro’ a favor de los trabajadores del sector público en relación con el privado para trabajadores de características similares», apunta el estudio.

Finalmente, la Bolsa dice que este sería «un ejemplo de políticas para racionalizar el gasto del sector público, sin despidos, mejorando de manera genuina la posición financiera del Estado y sin tener que recurrir a la emisión».

«A su vez, esta sería una forma para que desde el sector público se brindaran señales de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas. Superada la pandemia, una reducción del tamaño del sector público permitiría disminuir la presión tributaria sobre el sector privado, condición necesaria para generar un marco favorable para darles impulso a la actividad económica y al crecimiento», finaliza.

En Córdoba

Un informe de 2019 de la Bolsa de Comercio local decía que un empleado público en el Gran Córdoba gana un 24 por ciento más que un trabajador privado, considerando las mismas características de educación, estado civil, edad, sexo y tipo de contrato.

Ese porcentaje estaba por encima de los promedios regionales en el país. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la diferencia es del 21 por ciento y en la Región Pampeana, del 23 por ciento.

La menor diferencia se registra en la zona cuyana, donde es del 14 por ciento; mientras que en el noroeste es del 17 por ciento, y en el noreste llega al 18 por ciento. 

El estudio resalta el peso que tiene el empleo público en el mercado laboral argentino, en el que el Gran Córdoba, con 24 por ciento, está por debajo del promedio de la Región Pampeana (32 por ciento). Los niveles más altos de incidencia del empleo público en el país se registran en el noroeste y en el nordeste, con 51 y 53 por ciento, respectivamente.

El promedio de todo el país es del 31 por ciento del mercado laboral.

MUNICIPALIDAD. En Córdoba, la municipalidad tiene más de 10.000 empleados. (La Voz)

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