Obligados a convivir con un desgaste creciente

Ocurrió mucho antes de la pandemia y del aislamiento. La realidad ya se había empeñado en demostrarle a Juan Schiaretti que aquel grito de «primero Córdoba, segundo Córdoba y tercero Córdoba», con el que accedió al sexto mandato consecutivo de su fuerza política, tenía un valor más que relativo.

Alambrar Córdoba políticamente le dio resultados extraordinarios en materia electoral, pero la convivencia con la gestión nacional de Alberto Fernández y el Frente de Todos impuso otras reglas. Estas se plasmaron en aquellas expresiones presidenciales que recordaban que esta provincia necesitaba del auxilio de la administración central.

No necesitaba Schiaretti de una memoria prodigiosa para acordarse de que, en un pasado no muy remoto –tan preciso para ubicarlo como 2008-2015–, Córdoba no había recibido ni una frazada en los dramáticos días de inundaciones, de incendios y de motines policiales.

Así, y mucho antes de que supiésemos del primer infectado en Wuhan de Covid-19, los cuatro diputados schiarettistas ya se habían alineado con los intereses del Frente de Todos, y el gobernador regresaba con la cabeza gacha al PJ nacional.

La Caja de Jubilaciones fundida, la deuda en dólares en un país sin moneda, los costos en alza y la recaudación en baja estaban ahí antes de la pandemia diciéndole al gobernador que lo primero iba a tener que ser negociar con la Nación.

Los drásticos efectos de casi tres meses de cuarentena profundizaron la debilidad, que quedará expuesta a cada paso.

Esta semana fue el turno para la eventual votación en el Congreso de la expropiación de Vicentin. El repaso del pensamiento económico y político del gobernador lo ubica entre los que ven con más que recelo una iniciativa de ese tipo. Y la base de sustentación electoral que mantiene al peronismo cordobés en el poder desde hace 20 años está íntimamente ligada al agro, donde las opiniones en contra de la expropiación son mayoritarias.

Pero las posibilidades de maniobra que tienen los legisladores schiarettistas son muy limitadas, más allá de que no esté claro el derrotero parlamentario del proyecto.

«Primero lo que diga Alberto; después vemos lo de Córdoba», será el replanteo, en susurros, de aquel grito-consigna que apenas cumplió un año.

Ya no hay márgenes políticos ni económicos para plantarse como en 2008. Y mucho menos para echarle la culpa.

Cuesta abajo

Schiaretti debe convivir con ese desgaste creciente que está provocando esta inédita realidad que vive el mundo.

Los gobernantes, al menos en esta parte del mundo, entraron a las primeras fases del aislamiento con altísimos grados de respaldo social, que en distintas medidas se fue diluyendo. Esas mediciones de acompañamiento ciudadano van variando casi por días, pero está claro que la curva de consensos es para abajo.

La marcada caída en imagen fue una de las determinantes para que Schiaretti tuviera una exposición pública casi a diario en anuncios oficiales.

Pero las complicaciones, lejos de aminorar, parecen haber ingresado en una incierta escalada. Las secuelas económicas del largo aislamiento están quedando cada vez más expuestas y las chances de repuntar asoman como remotas.

A la par, los males con los que convivimos antes de la pandemia han vuelto a corporizarse en las calles. Uno de ellos es claramente la inseguridad, que en muchos lados es una pandemia más mortal e injusta que cualquier virus.

Las recientes muertes en hechos de inseguridad en Villa Azalais y en Congreso llegaron acompañadas de movilizaciones, con consignas muy claras contra el Gobierno provincial.

Por cierto, la problemática de la inseguridad es demasiado compleja como para un reparto lineal de responsabilidades.

Pero, en el caso de Córdoba, se da en un contexto social explosivo y con instituciones, como el Poder Judicial, completamente desdibujadas.

Desafío. El tercer gobierno de Schiaretti, muy diferente de los anteriores. (José Hernández / Archivo)

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