Llaryora: un reclamo que incomoda a la Rosada

Una movida de Martín Llaryora entró en el ya cargado radar de preocupaciones y de frentes de conflicto que debe afrontar el Gobierno nacional. Se trata del intento del intendente de Córdoba de liderar el reclamo de los alcaldes del interior por más subsidios nacionales al transporte urbano.

El jueves, un dirigente albertista cordobés recibió un llamado de un funcionario nacional de segunda línea con una consulta que no tiene que ver con el fondo del conflicto. “¿Llaryora está jugando solo o Schiaretti está detrás?”, fue la consulta.

No hay precisiones sobre la respuesta. El sondeo desde la Casa Rosada apunta a una motivación política, que parece no ser lo que moviliza el reclamo de los intendentes del interior.

Que de cada 10 pesos que la Nación reparte en subsidios para el transporte urbano, nueve queden en el Gran Buenos Aires, es una situación concreta que genera inquietud en las grandes ciudades del interior.

Pero para cualquier gobierno nacional, un reclamo desde un grupo de intendentes –y más si involucra a quienes gobiernan las dos ciudades más grandes, como Córdoba y Rosario– siempre es medido con una vara política.

El conflicto se generó en un contexto particular entre la Provincia y el poder central.

En medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, el gobernador Juan Schiaretti había logrado un acercamiento con el presidente Alberto Fernández, luego de los primeros 100 días de gestión, de fría y distante relación.

La crisis del transporte urbano pone a los intendentes a la ofensiva para exigir un reparto más “equitativo” de los subsidios nacionales entre el puerto y el resto de las provincias.

Schiaretti conoce el problema y apoya la postura del dirigente al que impulsó para que el PJ retornara al poder en el municipio capitalino, luego de 46 años.

Claro que el gobernador tiene dos limitaciones para elevar su voz hacia la quinta presidencial de Olivos, el nuevo epicentro del poder nacional. Por un lado, necesita financiamiento para pagar salarios y jubilaciones. Además, espera el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán, para poner en la calle los 9.000 millones de pesos en títulos de deuda que permitirán pagarles a proveedores y a contratistas del Estado provincial.

Inquietud

Llaryora ya habló con varios funcionarios nacionales y peronistas cordobeses que se referencian con Alberto Fernández. En especial, con el senador Carlos Caserio y con Martín Gill, secretario de Obras Públicas de la Nación, quienes tienen llegada a los principales despachos del Gobierno nacional.

El intendente capitalino habría tratado de dejar claro que no busca una pulseada con la Nación, pero que su gestión no puede afrontar el costo de parte de los salarios de los afiliados a la UTA.

Apelando a su perfil de negociador, Llaryora habría transmitido que con 90 millones de pesos “extras” a los 120 millones que ya gira la Nación podría resolver el conflicto del transporte. Problema que se agudizará a medida que se flexibilice la cuarentena.

Por ahora, los cordobeses no encontraron respuestas a los sondeos que hicieron con un ministro de relación directa con el Presidente: “Nosotros les enviamos mucha plata a las provincias; que los gobernadores resuelvan algún problema sin mirar hacia acá”, fue la respuesta. Un modo elegante de tirarle una pelota envenenada al gobernador Schiaretti.

Martín Llaryora. (Archivo / La Voz)

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