La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en causas que se siguen en Chaco y Salta

La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en dos expedientes donde se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en las provincias de Chaco y Salta, para que se profundicen las investigaciones, según consignó un comunicado oficial del organismo.

En ese sentido, se informó que en los últimos días se produjeron «avances» en la causa “La Fronterita”, en Tucumán, donde el mes pasado la SDH fue aceptada para litigar en la justicia federal. La Secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti detalló también que la Cámara de Casación fijó para febrero una audiencia para analizar si deja firme la sentencia dictada hace dos años en la causa «Ford», en la cual se analizan delitos de lesa humanidad cometidos en esa empresa automotriz durante la dictadura militar.

“Este año volvimos a ser querellantes en una cantidad considerable de causas por delitos de lesa humanidad. Nos propusimos desde el inicio de la gestión tener un rol activo en las investigaciones por los crímenes de la última dictadura, lograr que sean juzgados todos los genocidas y sus cómplices y estar al lado de los sobrevivientes y sus familiares”, afirmó Pietragalla Corti a través de un comunicado.

En el Chaco

En Chaco, la Secretaría querella en una causa en la que se investiga el secuestro y las torturas sufridas por los soldados Ramón Eduardo Luque y Ricardo Antonio Uferer en 1976, cuando hacían el servicio militar en una unidad militar de Resistencia. Ambos, fueron trasladados en junio al centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, donde padecieron tormentos, y luego los llevaron a la Alcaidía policial de la capital chaqueña.

En 1977, los dos conscriptos fueron trasladados al CCD La Ribera, en Córdoba. En ese lugar permanecieron por cuatro meses y finalmente los regresaron a Resistencia. Por este caso la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó en febrero pasado a once exoficiales y suboficiales del Ejército y de la policía provincial de Chaco. Ellos son: Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, Juan De la Cruz López, Héctor Rubén Roldán, Aldo Héctor Martínez Segón, Ernesto Jorge Simoni, José Marín, Miguel Ángel Vittorello, Eugenio Acuña, Ricardo Guillermo Reyes y Luis Alberto Patetta. La mayoría de estos exmilitares y expolicías ya están detenidos, condenados por delitos de lesa humanidad en los juicios por las causas de la “Masacre de Margarita Belén” y “Caballero I y II”.

La Secretaría también requirió ser querellante en la causa que se inició en Salta tras la declaración testimonial de Yolanda Barros, que relató los hechos en los que ella y su marido, Vicente Baffa Trasci, fueron víctimas en 1976. Barros era estudiante y auxiliar docente en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y su esposo oficiaba como rector del Colegio Nacional de la capital de esa provincia.

Los detuvo la policía salteña los detuvo en la calle y los llevaron al Regimiento 141 de Caballería, del Ejército y luego fueron trasladados a la cárcel de Villa Las Rosas, donde recuperaron la libertad dos semanas después. Posteriormente, tras la formación de la causa penal para investigar los hechos denunciados, se supo que fueron parte del listado de 46 personas detenidas el 24 de marzo de 1976.

Fuente: Télam

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