La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de una funcionaria del Ministerio de Agricultura

Deolinda Carrizo es directora de Género e Igualdad de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, e interviene en un reclamo contra un desalojo.

En un hecho insólito, la justicia de Santiago del Estero dictó una orden de detención por “usurpación” contra la directora de Género e Igualdad de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, Deolinda Carrizo, cuando se encontraba desarrollando sus funciones en el marco de un conflicto territorial en un paraje rural de esa provincia. La resolución fue firmada por la jueza de Control y Garantías de la ciudad de Santiago, Ana Cecilia Vittar, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay, contra Carrizo y ocho integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), acusados de interferir en una orden de desalojo –que denunciaron arbitrario y amañado– de una familia en el paraje El Urunday, de la localidad de Roversi, en el departamento Moreno, a unos 250 kilómetros al este de la capital provincial, cerca del límite con Chaco.

“Que se haya enviado la orden de detención de mi persona como funcionaria nacional no tiene ninguna explicación: es una forma más del Poder Judicial para atropellar y embestir los derechos de las familias campesinas”, consideró Carrizo, en diálogo con Página/12. Organizaciones de derechos humanos y de la economía popular, entre ellas el CELS, la APDH y la UTEP, repudiaron “enérgicamente la criminalización y el pedido de detención” contra Carrizo. “Exigimos que se garantice su libertad plena”, dijo a este diario Luna Miguens, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.

Este lunes, la abogada del Mocase, María José Venancio, presentó un pedido de eximición de prisión en relación a Carrizo y los demás acusados de “usupación”. Todavía no se dictó, dijo por la tarde a este diario.

“Me hice presente en el lugar como funcionaria del Estado nacional para garantizar los derechos de una familia campesina, indígena y de la agricultura familiar, que en ese momento estaba atravesando un pedido de desalojo, para solidarizarme, como en muchos otros casos a los que hemos estado acompañando”, contó Carrizo desde Santiago del Estero. A nivel nacional, precisó, han llegado a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena más de 180 casos, en los que están interviniendo, como en este último del paraje El Urunday, “para que la justicia pueda escuchar y que contemple el derecho a la tierra –de las familias afectadas– que es el único lugar donde viven, es su arraigo, su modo de vida, donde desarrollan el trabajo diario, producen y reproducen la vida campesina, indígena y de la agricultura familiar”, explicó la funcionaria. Y advirtió que “no es un hecho aislado” que haya órdenes de detenciones en contextos de pedidos de desalojo en la provincia de Santiago del Estero. Carrizo forma parte del Mocase. Vive en la localidad de Quimili, en Santiago del Estero, a 200 kilómetros de la capital provincial.

“En Argentina miles de comunidades campesinas e indígenas, que habitan y trabajan su tierra desde hace décadas, viven bajo la amenaza constante de ser desalojadas de sus tierras. Esta amenaza latente se traduce en hostigamientos y acciones violentas -que pueden incluir prácticas como el envenenamiento de animales, o los incendios intencionales-, con frecuencia con complicidad del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad”, advirtió Miguens. Y añadió: “En lugar de criminalizar a quienes defienden a las comunidades que viven y trabajan la tierra desde hace décadas, de una manera más respetuosa del medio ambiente, el Estado debe reconocerlos como poseedores y garantizar su derecho a la tierra”.

La abogada del Mocase dio detalles del operativo que derivó en la orden de detención contra Carrizo y los demás integrantes del movimiento, entre ellos miembros de la familia intimada a desalojar unas 212 hectáreas. El procedimiento tuvo lugar el viernes 26 de agosto, en horas de la mañana, cuando “la policía de la provincia al mando del oficial de justicia Moreno Scillia, procedió a desalojar de su territorio a la familia de Carlos Esteban Medina, en el paraje El Urunday de la localidad de Roversi, departamento Moreno”, informó.

En el lugar viven Medina con su compañera Mirta Belizán, y sus hijos Lucas, de 22 años, Mauro, de 20, Cristian, de 17, Julián, de 13 y una nieta, de 6 años. “Toda la familia trabaja en el campo, en la cría de animales: más de 60 vacas, 300 gallinas, más de 20 chanchos, pavos, patos, gallinas. Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, y con el acompañamiento del Mocase, no se abandonó el territorio”, explicó Venancio. Señaló también que la orden de desalojo salió del Colegio de Jueces Civiles N° 1, de la ciudad de Santiago del Estero, en cumplimiento de una sentencia en el marco del “expediente N° 685736 – año 2020, autos ‘Ríos Guillermo Marcelino c/Medina Carlos Esteban s/Desalojo – Sumario’ ”.

En diálogo con este diario, indicó que el proceso judicial comenzó a partir de una demanda de homologación de convenio con pedido de desalojo iniciada por Guillermo Marcelino Ríos, “en base a dos convenios suscriptos el día 12 de febrero de 2019 en la escribanía Gómez Terzano (Registro Notarial N° 16) de Santiago del Estero, uno de comodato, siendo Ríos el comodante y Medina el comodatario, y otro de desocupación. En estos instrumentos se establece que Ríos entrega en comodato el inmueble a Medina por un plazo de 12 meses y que este se compromete a desocuparlo vencido el mismo, es decir, en febrero de 2020”. Ríos solo aduce tener derecho al inmueble por “ser oriundo de Roversi, y que en la adolescencia se mudó a la capital de Santiago del Estero y no volvió a vivir en el lugar, y que actualmente concurre con frecuencia por tener un cargo docente en el lugar”, dijo la abogada. Medina alega que no sabía qué firmaba, que Ríos le dijo que era a fin de que un empresario (de apellido Parra) con quien tenía conflicto la familia, los deje de molestar. Medina, apunta Venancio, tiene una discapacidad visual parcial y hasta segundo grado de educación formal. Ríos, por otra parte, “nunca acreditó ser titular o poseedor del inmueble que reclama”, agregó. La Justicia nunca realizó una constatación o inspección judicial en el inmueble para constatar quienes viven y la situación de la familia Medina.

En ese contexto, Carrizo junto a integrantes del Mocase se hicieron presentes en el lugar, para denunciar “una vez más el avasallamiento del Poder Judicial sobre los derechos de las familias campesinas.

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