Intervención en Vicentin: sofismas para incautos

El Gobierno nacional ha intervenido Vicentin, empresa que atraviesa por un proceso de concurso preventivo en un juzgado de la provincia de Santa Fe.

Lo hizo por un decreto de necesidad y urgencia, como paso previo a una potencial expropiación anunciada.

Es una nueva edición del conflicto con el campo, sólo que esta vez se usa una vía más directa: quedarse con una empresa con la pretensión de tallar en el mercado agroexportador como árbitro y jugador al mismo tiempo.

La medida es tan arbitraria que hasta el inefable Guillermo Moreno se escandalizó.

¿Cuánto se tardará en obligar a los productores agropecuarios a venderle parte de sus cosechas a la flamante adquisición, en el plazo y las condiciones impuestas por el Gobierno?

Memoria

Los cultores de la estatización deberían repasar la historia.

La experiencia argentina de las últimas ocho décadas ha demostrado la ineptitud del Estado para la actividad empresarial.

En los años 1980, era dueño de una cantidad enorme de empresas fundidas, verdaderos nidos donde se alojaba la corrupción de los funcionarios y de los particulares que hacían negocios entre ellos.

El sistema de compañías públicas, sostenido por un discurso demagógico financiado por la inflación y el endeudamiento, se había vuelto inviable: las redes de gas natural estaban exhaustas; para encontrar un teléfono público en funcionamiento era necesario caminar 20 cuadras, y conseguir una conexión domiciliaria podía demorar cinco años antes de que Entel la concretara.

Al colapso de este sistema, siguió su desmantelamiento durante la administración justicialista de Carlos Menem.

Pudo hacerlo porque contó con la inestimable pasividad del combativo sindicalismo partidario, que se puso en cuarentena durante dos períodos presidenciales, después de haberle metido 13 paros generales a Raúl Alfonsín.

La corrupción fue tan grande que cubrió de desprestigio todo el proceso privatizador y, de algún modo, contribuyó al olvido del descalabro anterior.

Razonabilidad y legalidad

La expropiación es un resorte que la Constitución pone en manos del Estado por razones de utilidad pública, previa indemnización al dueño (artículo 17).

Los constitucionalistas señalan que aquello que el Congreso califica como de “utilidad pública” es discrecional del poder político y los jueces no podrían controlar la bondad, conveniencia o necesidad de la expropiación, aunque sí su razonabilidad, porque las leyes, en el Estado de derecho, deben ser razonables.

Es lo que se conoce como la garantía del debido proceso sustantivo y se deriva del artículo 28 de la Constitución Nacional.

El principio de razonabilidad permite examinar si una medida gubernamental es proporcional a los fines que con ella se persiguen. También si esos fines son legítimos.

Al respecto, dijo Alberto Fernández, siguiendo un manual de 1970, que una empresa así nos podría garantizar la cantidad de trigo y maíz que Argentina necesita, reconocer el precio testigo que se paga por los cereales y tener un mecanismo adecuado para que las divisas sean liquidadas prontamente en el mercado argentino.

Estos motivos son de una vaguedad tal que fácilmente podrían ser invocados por el Gobierno  para quedarse con cualquier cosa.

La expropiación de una lechería garantizaría la provisión de leche; la de un frigorífico, la de carne; la de una zapatería, de zapatos, y la de los medios de comunicación, la democratización de la palabra, un viejo anhelo de los dinosaurios del progresismo que comparten cartelera con los pibes del espacio nacional y popular.

La lista podría ser infinita y siempre se encontraría una buena justificación para darle el manejo al Estado de recursos que este, arbitrariamente, considere estratégicos, aniquilando la propiedad y la industria privadas (artículos 17 y 14 de la Constitución Nacional).

Una expropiación ejecutada bajo tales parámetros no es razonable y, por lo tanto, no es constitucional.

Otros reparos constitucionales

Hay, no obstante, otros reparos constitucionales y legales a la iniciativa. El artículo 109 de la Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional inmiscuirse en causas judiciales pendientes.

Al imponer un interventor en una empresa concursada, el Presidente se arroga facultades que sólo le competen al juez del concurso bajo cuyo paraguas protector se encuentra el deudor.

El avance implica, además, una usurpación por parte del poder central de facultades privativas de la provincia de Santa Fe, cuyos tribunales son competentes para entender en el asunto por expresa disposición constitucional (artículos 75, inciso 12 y 21).

El plan de ocupación también pasa por arriba un principio elemental de la Ley de Concursos: la igualdad de trato de todos los acreedores cuyos créditos son por causa o título anterior.

En este caso, un acreedor –el Estado– cobra antes que el resto apropiándose directamente de la empresa concursada, compensando su crédito en perjuicio de los demás.

Lo hace por la fuerza y cuando todavía no ha finalizado el período de exclusividad durante el cual puede el deudor negociar alternativas, trastocando todo el régimen legal del acuerdo preventivo, de los privilegios y pasando por arriba de los institutos legales para salvar a la empresa en crisis.

Como todas las gestas del kirchnerismo que terminaron en fracasos y en miles de millones de dólares tirados, también esta lleva un gallardete ampuloso: la “soberanía alimentaria”, una consigna con la que nadie querría estar en desacuerdo pero que, en palabras del deán Funes, es otra invención del poder arbitrario para fascinar a los incautos.


* Abogado

Polémica. La intervención de Vicentin generó algunas reacciones adversas al Gobierno nacional. (Gentileza La Nación)
Carlos Menem. Promovió las privatizaciones en la década de 1990. (La Voz/ Archivo)
Guillermo Moreno. Criticó la intervención de Vicentin. (La Voz/ archivo)
Trabajadores de Vicentin. La empresa tiene unos 800 empleados. (Gentileza Clarín)
Vista de la cerealera. Sede de la empresa en Avellaneda, Santa Fe. (Gentileza La Nación)

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