El sentido común y las jubilaciones

Apenas modificada la ley jubilatoria provincial, un tribunal concedió un amparo en tiempo récord. Fue a quien percibe dos beneficios por un total de casi 400 mil pesos mensuales: uno por su condición de pasiva bancaria, calculado sobre un cargo que ejerció sólo por 30 meses, y una pensión que cobra desde 1995, como viuda de un juez, quien en vida aportó apenas 12 años a la Caja de la Provincia y sólo seis años como juez.

El agravio invocado es la reducción del 20% prevista en supuestos de doble haber.

Muchos reclaman en defensa de sus intereses la tutela de beneficios consagrados décadas atrás, ya por entonces a contramano de la realidad. Pero es necesario reflexionar en nuevos términos, y esa es la base de la reciente reforma previsional.

Las motivaciones de esta reforma no resultan de una política discriminatoria o del resultado de una mala administración de los fondos disponibles, ya que la Caja sólo gasta menos del uno por ciento de sus ingresos para su funcionamiento.

Las razones son muy profundas y su debate recorre el mundo.

Mitos

Inocular en el imaginario cordobés la autosuficiencia total y sostener un generoso régimen jubilatorio fue tácticamente valioso para su mentor, el gobernador Eduardo Angeloz, pero tuvo graves consecuencias.

La Caja nació en 1914 (gobernación de Ramón Cárcano), estableciendo una edad jubilatoria por entonces alta, en 50 años (recién se alcanzaría esa expectativa de vida hacia 1920), y 63 beneficiarios.

En 1990, cuando se dictó la ley 8.024, los jubilados eran 47 mil, la expectativa de vida era de 71 años y el beneficio se otorgaba a los 58 años para los hombres y 55 para las mujeres.

En otro desaguisado, la 8.024 redujo en cinco años la antigüedad de servicio requerida, habilitó la jubilación ordinaria reducida (tres años antes, con posibilidad de transformarse en ordinaria) y la posibilidad de jubilarse con el mejor sueldo, eludiendo cualquier antigüedad en el cargo.

Consecuencia: inmediato déficit.

El Tesoro provincial (es decir, todos y cada uno de los cordobeses que pagan impuestos) debió cubrir el rojo.

En 1994, este era de alrededor del 5% de su presupuesto: dos tercios de esta cifra generado por el 7% de sus afiliados (Epec y judiciales).

El último gobierno radical de la Provincia (1995-1999) practicó un ajuste que combinaba pago en bonos, elevación de la edad de retiro, un recálculo y un tope, más el aumento de aportes patronales.


Años después, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales algunas de esas medidas, pero vale recordar palabras del entonces gobernador Ramón Mestre: “El camino es muy simple: no hay recursos. Las jubilaciones tienen que tener un techo, un tope, como en todos los lugares del mundo”.

Problemas reales

Más allá de su vigencia formal, hace décadas que los sistemas de reparto dejaron de existir en los hechos.

El permanente aumento de la expectativa de vida hace que la percepción del beneficio sea cada vez más extensa, lo que se conjuga con dos fenómenos: desde una perspectiva biológica, la reducción de la tasa de natalidad (menos personas por cada adulto mayor) y desde una perspectiva socioeconómica, el “techo” de empleos: el sector público no puede crecer indefinidamente y el privado sufre los embates mundiales en la coyuntura, aunque Argentina sufre una crisis propia, agudizada desde 2018.

Esta mengua irreversible de fondos “genuinos” del sistema hace que los estados vayan virando hacia otros modelos, estableciendo haberes máximos a pagar y abandonando los viejos criterios para el cálculo del beneficio.

Privilegios

En el caso de Córdoba, los gravosos déficits son hoy financiados, en parte, por transferencias del Estado nacional, pero también por los impuestos que paga cada vecino, que no tienen por qué ir a engrosar jubilaciones de un conjunto de trabajadores ya muy beneficiado por un estatuto laboral casi privilegiado.

No se trata de que la Caja tenga un problema transitorio y que por unas pocas veces los tesoros nacional o provincial deban realizar un auxilio puntual.

El sistema será así para siempre, y sin ninguna duda el problema se agravará, por lo que cada vez será más exigente para el vecino que no tiene nada que ver con el empleo o el retiro de empleados públicos.

Personas que aportan por tiempos exiguos (sea en el sistema o el cargo sobre el cual se practica el beneficio) y viven 20 o 30 años tras conseguir el estado jubilatorio, expectativas de vida que se siguen corriendo (en la actualidad, 77 años) generan una profunda situación de inequidad; que sólo se mantiene a costa del esfuerzo de todos los cordobeses, retrayendo las inversiones en obras o menoscabando la prestación de bienes o servicios públicos, destino principal y genuino del esfuerzo tributario.

Parámetros razonables

Por eso la reforma aplica, con elemental sentido común, parámetros más razonables en el actual contexto, acordes con lo que ocurre en el mundo.

En ese sentido, deben interpretarse los promedios decenales y el recálculo sobre sectores que perciben haberes notoriamente más altos que la generalidad y que exigen pesadamente al Estado provincial, que siempre termina financiando el déficit.

También la elevación de la edad jubilatoria de los jueces de 60 a 65 años, y modificaciones que hacen a la justicia distributiva, como la extensión del beneficio de pensión a hijos hasta 23 años, un piso mínimo de 25 mil pesos para quien cobre un solo ingreso, y la incorporación del conviviente.

Son cambios que van en línea con disposiciones vigentes en la Nación y otras provincias.

La magnitud del tema previsional trasciende a la Provincia y a los equipos de gobierno.

La comunidad y sus representantes deberán inexorablemente replantearse, en un debate profundo, sin especulaciones, hipocresías ni sectarismos (pues tiene que ir mucho más allá de la discusión de una ley), cómo adaptar el sistema de reparto a circunstancias presentes y futuras, en una articulación integral, viable y perdurable.

 


* Presidente Provisorio de la Unicameral

Unicameral. La mayoría oficialista fue decisiva para aprobar la reforma previsional. (Javier Ferreyra)
Ramón Bautista Mestre. Fue gobernador de Córdoba desde 1995 a 1999. (La Voz)
Juan Schiaretti. El gobernador fue el principal impulsor de la reforma previsional. (Facundo Luque)

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