El Senado aprobó con cambios un proyecto sobre acoso sexual en espacios públicos

El Senado aprobó este tarde y devolvió a Diputados un proyecto para la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. La iniciativa fue votada por 67 votos afirmativos y uno negativo, con el apoyo transversal de todos los bloques.

El texto incorpora al Código Penal el artículo 129 bis que dispone multas de entre 1 a 5 unidades de medida arancelarias -entre $3.800 y $20.000- a quienes “mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido con connotación sexual perturbe la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

Además, también contempla el acoso sexual que tuviese lugar “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, plataformas digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos”.

El proyecto original había sido aprobado en noviembre de 2019 en la Cámara baja, pero al llegar Senado recibió una serie de modificaciones por lo que deberá retornar para su sanción definitiva.

“Espero que en la Cámara de Diputados este proyecto no duerma el sueño de los justos”, sostuvo el titular de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli, al abrir el debate como miembro informante por el oficialismo.

Allí explicó que en la Cámara alta se había llegado a un despacho de consenso a partir de los aportes de iniciativas de senadores de Juntos por el Cambio como Silvia Elías de Pérez, Guadalupe Tagliaferri y Juan Carlos Marino.

«Este proyecto se enmarca en lo que conocemos como violencia de género, estamos creando una una figura delictiva penal para este tipo de conductas. Sacamos la característica que hablaba de espacios públicos porque también puede suceder en espacios privados», afirmó el senador del Frente de Todos.

A su turno, la senadora Elías de Pérez indicó: “Estamos frente a la posibilidad de generar espacios más tranquilos para las mujeres, que el Estado pueda tener un rol activo cuando una persona es hostigada en la calle o en lugares públicos o privados y que esté tipificado en el Código Penal».

Además, recordó el femicidio de Paola Tacacho, una profesora de inglés tucumana, quien fue asesinada a puñaladas en la vía pública por uno de sus exalumnos, Mauricio Parada Parejas, que la había acosado por años y sobre quien solo pesaba una orden de restricción.

En tanto, la senadora pampeana del Frente de Todos y titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, consideró que «el acoso callejero es una violencia de género, vulnera nuestros derechos y restringe nuestra libre circulación”. “Necesitamos que el Estado ponga límites claros y eso es lo que estamos haciendo hoy con la sanción de esta ley», aclaró.

Por su parte, la senadora puntana del oficialismo, Eugenia Catalfamo, celebró el debate de este proyecto y explicó que “todavía hoy vivimos dentro de una cultura patriarcal que habilita la violencia, que toma a la mujer como un objeto, que el varón no solo puede poseer, sino que puede decidir sobre su vida”.

El senador de Juntos por el Cambio, Ernesto Martínez, alzó la única voz en disidencia, al explicar su voto negativo al proyecto: «Si hablamos del delito sexual, debemos despojarnos de todo prejuicio y de cualquier noción de clasicismo que nos haga transitar por caminos prefijados. Esta es una buena idea, pero hay que llevarla a la ley penal con prolijidad y exactitud incuestionable». «Las leyes penales tienen que estar bien hechas y bien escritas», justificó.

La senadora Tagliaferri valoró las modificaciones introducidas al proyecto en el Senado y consideró que «la violencia contra las mujeres es un flagelo que impide que desarrollemos plenamente nuestros deseos. Nadie tiene que opinar sobre nuestros cuerpos y mucho menos acosarnos».

El proyecto también dispone que además de la multa, en todos los casos, el condenado deberá realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual y la violencia de género por un plazo mínimo de 3 meses.

Por último, los ingresos que se deriven de la aplicación de esta ley serán destinados a programas de fortalecimiento de los derechos de las mujeres, géneros y diversidad, según determine la reglamentación.

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