El Gobierno aportó casi $30.000 millones a las obras sociales

La discusión por los costos de la salud se encuentra al rojo vivo. Las prepagas salieron a declarar que no podrán afrontar una segunda ola de COVID si no les autorizan aumentos mientras que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reclamó una reformulación del sistema de salud.

“La pandemia agravó la situación de las obras sociales, y sindicatos y Gobierno evalúan posibles cambios para darle sustentabilidad al sistema, en un año donde el Estado aportó casi $ 30.000 millones para tratamientos y para cubrir caída en la recaudación” precisa un informe de la consultora Synopsis al que tuvo acceso Ámbito.

Si bien la necesidad de reformular el sistema de salud no es nueva, el tema fue puesto en la primera línea por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto señaló que “nuestro país debe ser de toda Latinoamérica el que más inversiones tiene en materia de salud, pero lo tenemos dividido en tres sistemas, el público, el privado y el de las obras sociales. Bueno, vamos a tener que empezar a repensar un sistema integrado de salud en el que podamos articular todo esto para hacer un uso más eficiente de lo que hay en la Argentina” (discurso realizado el 18 de diciembre pasado en el Estadio Único de La Plata).

La discusión por los costos de la salud se encuentra al rojo vivo. Las prepagas salieron a declarar que no podrán afrontar una segunda ola de COVID si no les autorizan aumentos. Como antecedente, y por decisión del presidente Alberto Fernández, el Ministerio de Salud suspendió la autorización que se había dado al sector para aumentar un 7% las tarifas a partir de febrero

Por su parte, el sistema de obras sociales viene acarreando un abultado déficit. “Solo por cumplir la cobertura que exige el Programa Médico Obligatorio (PMO), las obras sociales registran un déficit de unos 1.500 millones de pesos mensuales, sin hablar de los tratamientos de alta complejidad que, por cierta ligereza judicial, las obras sociales terminan cubriendo” afirma el trabajo elaborado por la consultora que dirige Lucas Romero.

Por todos estos motivos, los sindicatos son los primeros interesados en discutir estos temas con el Gobierno, pero querrán ver primero cuál es esa propuesta. Cabe recordar que, a mediados del año pasado, la CGT le presentó al Gobierno un documento con algunos puntos que creían debían ser modificados mediante una ley para darle sostenibilidad financiera al sistema.

La primera idea que surge para resolver los problemas del sistema de obras sociales es consiste en aumentar los aportes para su financiamiento. Actualmente las obras sociales reciben 3% del salario bruto de los trabajadores y 6% de los empleadores, y la idea que acercaron desde la central gremial apunta a elevar en un punto cada uno de esos dos aportes (4% los trabajadores y 7% el empleador). Esta propuesta es rechazada por el sector empresario por considerar que encarece el costo laboral.

Hay quienes afirman que no se puede sostener la cantidad de obras sociales que hoy existen y que se requerirá una reducción. En los propios términos del Ministro de Salud, la cantidad de efectores “agregan costos de transacción y conductas anti solidarias al sistema”. La idea podría ser facilitar la fusión de obras sociales con las consecuentes derivaciones de aportes respectivas.

Uno de los aspectos que también se cuestionan desde el sindicalismo es el que los aportes que se derivan a una prepaga no contribuyen al financiamiento del Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro de dinero al sistema de salud por tratamientos de alta complejidad. Hay allí un reclamo para que parte del 85% que se deriva a la prepaga también contribuya al Fondo Solidario, que es el que se encarga de cubrir los tratamientos más costos de forma solidaria para el sistema.

Por otra parte, también se especula con la posibilidad de crear una nueva canasta de prestaciones médicas que reformule el vigente Programa Médico Obligatorio (PMO). Se cuestiona que, a la idea originaria de establecer coberturas mínimas a brindar, se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que terminaron sobrecargando financieramente al sistema de salud. La idea es simplificar el PMO para que sea financieramente viable para el sistema.

También hay una propuesta, reseña Synopsis, para que el Estado sea el garante de financiamiento de ciertas prestaciones, sobre todo las de discapacidad. Según datos de la propia CGT, la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad hoy suma el 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución. Si el Estado es el que garantiza prestaciones para casos complejos podría aliviar las finanzas de las obras sociales, como sucedió en el caso de la atrofia muscular espinal.

Otro de los puntos es el de la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, que deberá determinar con criterio científico, pero con razonabilidad económica, la cobertura de los tratamientos que deberán ser cubiertos obligatoriamente por las obras sociales. El proyecto, presentado durante la gestión de Mauricio Macri, buscaba quitarle a la justicia el poder de determinar, con fallos de dudosa razonabilidad, la obligación para cubrir determinados tratamientos complejos y altamente costosos.

Por lo pronto, y con la pandemia de por medio, el Gobierno ha venido asistiendo a las obras sociales en un contexto donde los aportes se redujeron por el impacto que la crisis sanitaria tuvo sobre el empleo. El Gobierno ya asistió a estos efectores del sistema de salud por dos vías: mediante Aportes del Sistema Único de Reintegros que provienen del Fondo Solidario de Redistribución para la cobertura de tratamientos de alta complejidad, y que sumaron $ 23.909 millones de pesos a lo largo del 2020 – duplicando lo entregado en 2019-, y mediante aportes para cubrir la caída en las recaudaciones de cada obra social por la pandemia, donde se llevan girados a las obras sociales $ 5.283 millones de pesos.

Ganadores y perdedores

En la recta final del 2020, muchos gremios, haciendo uso de sus cláusulas de revisión fijadas en sus respectivos acuerdos paritarios, lograron recomponer los salarios, algo que parecía imposible durante los meses más difíciles del año, afirma Synopsis.

En esta línea, gremios como tranviarios (UTA, BA), construcción (UOCRA), Bancarios, Camioneros, Alimentación y Sanidad terminarán el 2020 por encima de la evolución de la inflación, medida por el índice de precios al consumidor, comparado a igual período con su convenio.

Un escalón más abajo se encuentran los mecánicos (SMATA), Comercio, Luz y Fuerza, y metalúrgicos (UOM), que terminarán en línea con la suba de los precios. Los perdedores: Gastronómicos, Estatales y Ferroviarios.

Con datos a noviembre pasado, se observa que el gremio de los camioneros obtuvo un ajuste que supera en 11,5% al avance del índice de precios, en tanto que sanidad logró10,3%.

Los estatales, por el contrario (UPCN) perdieron 15,5% en los primeros once meses del año pasado, seguidos por ferroviarios, -15,1%, y gastronómicos, -11%.

El 2020 podría terminar, por cuarto año consecutivo, con la conflictividad laboral en caída. Al menos ello se desprende de la comparación de cómo ha evolucionado la conflictividad laboral con paro entre los meses de enero y octubre en los últimos 10 años, a partir de los datos del Ministerio de Trabajo.

En 2020, los datos al mes de octubre, registran menos de 800 conflictos con paro (798), cuando en 2016 al mes de octubre se registraban 1.331 conflictos con paro. Si bien la conflictividad con paro se ha mantenido relativamente estable en el ámbito privado, la reducción en el total se explica por la caída en la conflictividad en el ámbito estatal.

Si se analizan los motivos de los conflictos, se observa una tendencia a la baja en materia de reclamos por mejoras salariales, y una tendencia en aumento en materia de reclamos por pagos adeudados. Una característica que se registra más intensamente en el ámbito privado que en el ámbito estatal.

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